El Tribunal Supremo ha vuelto a fallar en torno a los gastos hipotecarios, un asunto que afecta a miles de personas en Roquetas y cientos de miles en la provincia de Almería. En esta ocasión, el Alto Tribunal ha resuelto esta mañana de forma contraria a la del año 2015 y ha señalado que uno de los gastos hipotecarios –el más importante- el Impuesto de Acto Jurídicos Documentados (AJD) no es abusivo, por lo que debe ser pagado casi en su totalidad por los consumidores. Eso sí, da una ‘pequeña golosiona’ a los consumidores puesto que determina que banco y consumidor deben compartir al 50% los gastos relativos al impuesto de AJD en relación a la matriz del timbre de los documentos notariales, lo que podría suponer la recuperación de entre 80 o 200 euros del impuesto, según los casos.
Desde el despacho roquetero Samuel Najas Abogados, bufete líder en derecho bancario en la provincia de Almería, se señala que “se trata de un considerable varapalo para los consumidores puesto que inhibe al banco del gasto más cuantioso de todos. Y para tratar compensar algo, el Supremo ofrece unas ‘migajas’ en torno al este impuesto. Hablando en plata, y para que todo el mundo lo entienda, los bancos solo tienen que pagar el 50% de lo que cuesten los folios de la escritura notarial en relación al impuesto”.
Si se recuperan los gastos del Notario, Registro de la Propiedad, Gestoría y una pequeña parte del impuesto AJD En cualquier caso, desde Samuel Najas Abogados se aclara que con las dos sentencias del Tribunal Supremo queda claro que los consumidores pueden recuperar los gastos del notario, registro de la propiedad, gestoría y una pequeña parte del impuesto de AJD- “Otra cosa es como finalmente quede resuelto todo esto porque existen dos sentencias del Supremo contradictorias, casi 20 sentencias también contradictorias en distintas Audiencias Provinciales de España y miles de sentencias igualmente contradictorias en las decenas de juzgados especializados de primera instancia del país. Lo que está claro es que será Europa quien vuelva a poner las cosas en su sitio, como ya ha ocurrido anteriormente en materia de derecho de consumidores”, puntualizan desde este bufete.
“Ciertamente esperamos que otra vez Europa vuelva a corregir al Tribunal Supremo, como ya hizo en su momento con las ejecuciones hipotecarias o con las clausulas suelo. De la misma forma que no tenía sentido que la nulidad de las clausulas suelo no llevaran aparejada la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por los bancos hasta mayo de 2013, ahora tampoco tiene mucho sentido que si se tiene claro que el principal interesado en llevar una hipoteca al notario o al Registro de la Propiedad es el banco porque así obtiene un derecho especial de ejecución en caso de impago, el impuesto –que nace precisamente de la existencia de la escritura notarial- sea para el consumidor. No tiene lógica alguna, ni si quiera siguiendo la argumentación jurídica que emplea el alto tribunal. Es más que probable que algún juez plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, de nuevo, Europa le saque otra vez los colores al Supremo, un órgano compuesto por jueces, magistrados y abogados, todos ellos nombrados por los partidos políticos a través del Congreso y el Senado”.
El TS, elegido por los políticos El Tribunal Supremo, el órgano de España que se encuentra en la cúspide del Poder Judicial, está compuesto por 20 miembros, todos ellos elegidos por los grandes partidos políticos a través del Congreso y el Senado.
Audiencias Provinciales Hasta la fecha un total de 18 Audiencias Provinciales se habían pronunciado en torno a la abusividad de los gastos hipotecarios. De todas ellas, 10 se habían pronunciado a favor de la devolución de todos los gastos (incluido el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados), mientras que 8 señalaban la abusividad también de todos gastos hipotecarios, pero no el impuesto de AJD. Entre las 18 Audiencias Provinciales no estaba la de Almería, quien aún no ha emitido ninguna sentencia en apelación de los juzgados de primera instancia de la provincia o del juzgado especializado 7 Bis de Almería en torno a esta cuestión.
