viernes. 29.03.2024

La decisión del Tribunal Supremo de suspender con ‘carácter urgente’ todos los recursos planteados ante sus salas tras la sentencia que decidió que sea la entidad financiera, y no el cliente, el que se haga cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ha supuesto un golpe fuerte, duro y seco a la imagen de independencia e imparcialidad de la Justicia. ¿La Justicia es igual para todos? ¿La Justicia es más justicia para los bancos y menos para los consumidores? ¿Es sensata la revisión de una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo?

Asociaciones judiciales (no todas), partidos políticos (no todos) y ciudadanos (en su gran mayoría) han mostrado su indignación tras la disposición en menos de 24 horas del presidente del Tribunal Supremo -tras conocerse el desplome bursátil de más de 6.000 millones de euros de los bancos cotizados en el IBEX 35- de dar marcha atrás y dejar en el ‘aire’ una decisión judicial que afecta a más de 8 millones de personas en España, cientos de miles en la provincia de Almería.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, justificó este giro radical y, cito textualmente, en la “repercusión económica y social” del fallo judicial que atribuía el impuesto a los bancos, por ser los principales interesados y beneficiarios en las operaciones hipotecarias.   

Los bancos perdieron 6.000 millones en bolsa y España no colapsó Una justificación muy parcial, en cuanto que se posiciona con las entidades financieras, contraria a los intereses de millones de consumidores. Y es que dicha repercusión económica –‘vendida como miedo a que el sistema bancario colapse’ ya se utilizó en otras ocasiones, como con las cláusulas suelo. Eso ya no cuela. Y no cuela porque decir que los bancos perderán 8.000 millones de euros y pueden quebrar no ‘casa’ con que ese mismo día perdieran 6.000 millones en bolsa y no ocurriera nada. Nada de nada. La vida siguió igual para los bancos y la economía nacional no resultó afectada (aunque luego lo recuperaron con el anuncio posterior de dejar la sentencia en suspenso).

Alarma social sí, pero por los ciudadanos y no por los bancos Y en cuanto a la repercusión social señalar que, efectivamente, la hay. Pero en el sentido contrario a la que muestra el Tribunal Supremo. La ciudadanía no está preocupada porque los bancos tengan que asumir los costes de su mala praxis abusiva durante años, sino porque millones de personas en nuestro país –cientos de miles en nuestra provincia- hayan tenido que abonar miles y miles de euros a los bancos cuando en realidad no debían. Alarma social sí, pero en el sentido contrario al que argumenta el presidente del Tribunal Supremo. Más bien, la alarma social se puede originar porque los bancos no paguen sus ‘pecados’ y salgan de rositas.

Gobierno, PSOE y PP, en silencio estruendoso o de perfil Por otro lado, a  muchas personas puede sorprender, y mucho, el silencio de los grandes partidos políticos (PSOE y Partido Popular), que han callado durante días y solo hoy, ante la insistencia de los periodistas han hablado, pero poniéndose de perfil sobre este asunto. La sorpresa no es tal cuando se conoce lo siguiente: que todos y cada uno de los miembros del Tribunal Supremo están nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, quien a su vez está nombrado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Así es, la mano de los políticos está posada sobre los más altos órganos y tribunales de Justicia de España. ¿Porque calla el Gobierno y se pone de perfil PSOE o Partido Popular ante un hecho que ha levantado ampollas y grandes dosis de indignación ante las expectativas creadas y cortadas de raíz en menos de 24 horas por un sector del Tribunal Supremo?  

La sensación de una Justicia arrodillada ante la gran banca y los políticos La sensación que queda entre la ciudadanía es que ‘parece’ que la Justicia se arrodilla ante la gran banca con esta decisión insólita y sin precedentes sobre una sentencia firme muy sólida y bien argumentada jurídicamente.

Mientras tanto nos queda seguir confiando en la Justicia. Tan solo nos queda esperar a que el pleno que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre resuelva en el mismo sentido que la sentencia emitida y ahora en entredicho, para que esta forma los ciudadanos puedan recuperar de media unos 2.000 o 3.000 euros de un impuesto que nunca debieron abonar.  

Europa ya le sacó los colores al Tribunal Supremo De no ser así, muy probablemente todo esto llegará hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así ya ocurrió con las cláusulas suelo y también podrían pasar con el impuesto a las hipotecas. Entonces, el TJUE sacó los colores al Tribunal Supremo español.

El berenjenal y el tiro en el pie del Tribunal Supremo El berenjenal en que se ha metido el Tribunal Supremo, de la mano de su presidente, es tremendo porque la revisión de una sentencia firme que revoca un artículo de un reglamento no puede arreglarse con otra sentencia en contra que señale que se vuelve a aprobar, sino que debe de realizarse a través del poder legislativo, es decir, a través de una nueva reglamentación que nazca del Congreso y el Senado. El poder judicial no es ni puede ser el poder legislativo. Y además, cualquier decisión que no sea la de confirmar la sentencia que obligar a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas será entendida como un ataque a los ciudadanos. El tiro en el pie que se ha dado el Tribunal Supremo es de premio.  Y más ahora que se conoce que no es una, sino son tres las sentencias que señalan que el banco debe hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Seguir reclamando y confiando en la Justicia En cualquier caso, es muy importante reseñar que esta polémica solo afecta al impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El resto de gastos de la hipoteca (notaría, gestoría y Registro de la Propiedad), así como las cláusulas suelo y la comisión de apertura pueden seguir reclamándose con normalidad. Sobre estos gastos hipotecarios y cláusulas abusivas los Juzgados no tiene ningún género duda: todos deben reintegrarse a los consumidores.

La enorme y gran mayoría de los jueces son independientes y aplican la ley, los reglamentos, la jurisprudencia y la doctrina con equidad. Por eso hay que continuar reclamando cuando se entienda que nuestros derechos se han burlado. Hay que seguir confiando en la Justicia.

Samuel Najas.  Abogado y Director del bufete Samuel Najas Abogados

El tiro en el pie del Tribunal Supremo con el impuesto de las hipotecas